México. En junio de este año, mediante un comunicado, el pueblo ikoot de Oaxaca volvió a pronunciarse en contra de la construcción de parques eólicos “en nuestras tierras y territorios”. También conocidos como mareños o huaves, este pueblo originario de la zona lagunera del Istmo de Tehuantepec luchas desde hace años luchando en defensa de su de autonomía y libre determinación para proteger su territorio sagrado.
Asociada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llegó en 2004 al Istmo la empresa española PRENEAL, cuyo objetivo es “promover, construir y explotar parques eólicos” mediante la creación de una filial local llamada PRENEAL México. Su objetivo es “el desarrollo de parques eólicos en diferentes estados de la república mexicana”.
Desde hace más de 30 años, el Instituto de Investigaciones Eléctricas había reconocido el potencial de los vientos en el Istmo de Tehuantepec, que tienen velocidades de hasta 20 m/s. Sin embargo, no fue sino hasta 1994 que se construyó en la zona el primer parque eólico La Venta. Durante el gobierno de Ulises Ruiz (2004-2010), en colaboración con el gobierno federal, se impulsó la creación del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec (que cuenta con los parques La Venta II -2007-, La Venta III -2012- y la proyección de los parques Oaxaca I, II, III y IV -2014-) que ha colocado a México como segundo productor de energía eólica de América Latina, superado tan sólo por Brasil.
En el marco de lo promovido por “los países centrales, corporaciones trasnacionales, organismos internacionales, y medios de comunicación masivos, con base en las propuestas del Capitalismo Verde y del discurso del desarrollo sustentable”, se ha sustentado este proyecto cuyos “beneficios” son, entre otros, que “no contamina el aire ni el agua, las emisiones de carbono son prácticamente nulas, se hace uso de un recurso siempre renovable (las corrientes aéreas) y es más barato que construir presas”.
Sin embargo, el proceso de creación de estas plantas ha estado lleno de irregularidades, como las que denunció Claudia Sheinbaum, académica y activista política: “Falta de información a los propietarios de las tierras, amenazas y hostigamiento, simulación de asambleas, firmas falsas”. Además, grupos de campesinos aseguraron haber sido obligados a firmar ante notario público contratos de arrendamiento de los que no recibieron copia, y, aquellos que no hablan español, ni siquiera contaron con traductor.
En pro de su defensa, se han creado organismos regionales como la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), cuya dirigente, Bettina Cruz Velázquez, fue detenida el 22 de febrero por agentes de la Procuraduría General de la República y liberada al día siguiente. La Asamblea ha puesto diversas demandas civiles argumentando la nulidad de los contratos de arrendamiento de las 20 mil hectáreas donde se asienta el megaproyecto eólico.
Irónicamente, los pueblos originarios no son los únicos que se encuentran amenazados por la construcción y el desarrollo de esta mega empresa “en pro del medio ambiente”. El 25 de marzo de 2012, el periódico La Jornada publicó una nota titulada “Eoloeléctricas, obstáculo mortal para aves migratorias”, en la que se informas sobre la importancia del Istmo de Tehuantepec como corredor migratorio para aves de todo el continente americano. Se pueden encontrar hasta 453 especies de aves y hasta 690 mil individuos en un solo día. Desde la creación de La Venta II, que cuenta con 98 molinos de viento, se ha registrado la muerte de 6 mil murciélagos, y 3 mil 900 aves en un solo año.
En entrevista con el periódico, Bettina Cruz “señaló que igual que ninguna autoridad federal ha actuado para preservar los derechos de los pueblos indígenas propietarios del territorio, tampoco se ha hecho un estudio general de los impactos socioculturales y sobre las aves y la flora y la fauna terrestre y acuática del megaproyecto en su conjunto.”
A causa de todas las irregularidades y violaciones de derechos a las que han sido sometidos, la Máxima Asamblea de San Mateo del Mar (donde viven los Ikoots) hizo de conocimiento del gobierno del estado de Oaxaca, así como de Instituto Estatal Electoral y el Instituto Federal Electoral que no participarían en las jornadas electorales del 1 de julio, como protesta ante las acciones de gobierno y la poca atención a sus demandas.
Esto significa poco menos de 20 mil voces que no se hicieron oír en las urnas porque no creen en las acciones de los gobiernos para con ellos. Sin embargo, exigen atención por parte de gobierno, medios y organizaciones en pro de los derechos humanos para que puedan luchar por sus derechos sin tener que recurrir a la violencia: “hasta hoy, estamos decididos a mantener la prudencia para defender nuestra comunidad y nuestra justicia”.
Fuente: proyectoambulante.org
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