Abren en Oaxaca investigación por presunto fraude a indígenas

lunes, 30 de julio de 2012

Oaxaca.- La Procuraduría de Justicia de Oaxaca (PGJO) anunció que iniciará una ruta jurídica para actuar contra los propietarios del Grupo Financiero IPR México, con sede en el Distrito Federal, acusado de defraudar a 23 familias de indígenas campesinos mixtecos con préstamos para mejorar la productividad tras heladas en 2010.

De acuerdo a la queja hecha valer ante Milenio Diario, los afectados, originarios de los municipio de Tlaxiaco y Rio Tamazulapan del Progreso, acudieron ante el Grupo Financiero IPR, con domicilio en la Avenida de los Insurgentes Sur No 1327, colonia Mixcoac, en la delegación Benito Juárez del Distrito Federal, en la Ciudad de México, el cual se ofreció a gestionar créditos para lograr la compra de fertilizante y semillas.

Refieren que uno de los representantes de la empresa les presumió que la compañía era confiable y que ofrecía préstamos en efectivo hasta a personas con historial crediticio negativo y buró de crédito a pagar a 10 años con tasas de interés del 7 por ciento anual.

Los indígenas, también integrantes del Comité de Reforestación “La Pedrera” de Tamazulapan del Progreso, afirman que acudieron a requerir de los servicios prestados, ello luego de que recibieron una respuesta negativa del gobierno federal y estatal para obtener ayuda por la pérdida de sus hectáreas de cultivos siniestrada por los efectos del clima.

Agregan que los ejecutivos del corporativo les solicitaron pagos por créditos de apertura por un total de 132 mil 668 pesos que nunca regresaron, además que jamás otorgaron los fondos prometidos a los defraudados.

Acusan que fueron incluso obligados mediante presiones a cumplir con los depósitos que se hicieron en una sola emisión y por ocho pagos quincenales respectivamente ante el banco Scotiabank el 27 de enero del 2012, presuntamente para llevar un historial crediticio de los campesinos.

Agregan que los representantes les advirtieron que quienes cumplieran con los requisitos podrían ser sujetos a créditos y préstamos de dinero, sin embargo al paso de seis meses los ejecutivos se han negado a dar la cara.

Denuncian que Gustavo Gómez y Salvador Sánchez, el primero representante legal de IPR de México han sido los encargados de negar la validez de los contratos firmados.

Las víctimas del fraude aceptan que han sufrido un calvario luego de ser timados, por que han gastado recursos que no tienen para exigir la reintegración del capital perdido.

Admiten que en menos de 7 meses han realizado tres viajes a la Ciudad de México, pagando 21 mil pesos que les obligo a vender las pocas pertenencias de valor que les quedaban en sus domicilios.

En tanto el Procurador estatal, Manuel de Jesús López, dijo que inició una ruta jurídica dirigida por un fiscal para ir a la búsqueda de las familias presuntamente defraudadas por el referido corporativo para que se integre la averiguación previa correspondiente y se inicie el proceso de investigación para sancionar con todo el peso de la ley a los involucrados.

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